- Para el presidente de la AII, “lo que suceda con la nueva Constitución y el royalty minero podría inclinar la balanza de lo que viene para Chile en minería de manera relevante”.
Durante el último año la Asociación de Industriales de Iquique y El Tamarugal ha consolidado un proceso de trabajo estratégicos para aumentar su influencia en los debates nacionales y, de esta manera, presentar los planteamientos que son relevantes para el desarrollo de la Región de Tarapacá. Lo anterior ha sido posible gracias a una coordinación gremial cada vez más intensa con las agrupaciones industriales de Antofagasta, Atacama y Coquimbo (AIA, Corproa y Cidere), con quienes se comparten diversas coincidencias sociales y productivas. Es la llamada Macrozona Norte.
El presidente de la AII, Leopoldo Bailac, releva la importancia de este trabajo coordinado. “Con el conjunto de las agrupaciones del norte de Chile, agrupamos a más de 600 asociados de empresas grandes, medianas y pequeñas de servicios, energías limpias, transportes, puertos, turismo, alimentación y una diversa lista articulada por un factor común: la minería”, analiza.
En términos económicos, ¿cuál es la relevancia de estas regiones para el país?
El 82% del cobre chileno se produce en las cuatro regiones de la Macrozona Norte. De los US$73.655 millones en inversiones mineras que ha proyectado Cochilco hacia 2031, un 30% se realizará en Antofagasta, un 26,5% en Atacama, un 13,8% en Tarapacá y un 10,2% en Coquimbo. Es decir, en torno al 80% de las inversiones.
¿Cómo se ve el panorama económico para el periodo que viene?
Estamos preocupados. 2022 ya fue muy duro, además de la pandemia, tuvimos una discusión constitucional que generé mucha incertidumbre y enfrentamiento, y seguimos viendo cuestionamientos injustos a las actividades que articulan nuestros sistemas regionales, básicamente, toda la cadena de valor que funciona en torno a la minería. En ese sentido, el proyecto de royalty del Gobierno no está ayudando en nada a pacificar las aguas.
¿En qué sentido, señor Bailac?
Durante meses previos especialistas, asociaciones y empresas hemos pedido moderar la iniciativa original para mantener la competitividad del ecosistema minero, ya que el proyecto transformaría a Chile en uno de los países mineros más caros del mundo, impactando a la cadena de valor regional.
Valoramos que el Gobierno se haya abierto a realizar ajustes e, incluso, considerar un componente regional por medio de un fondo para este efecto y que ya veremos cómo se podría concretar. Pero claramente no es suficiente. El conjunto de la industria ya ha evaluado que las tasas efectivas se mantienen entre 48 y 49% como promedio. Esta es una cifra aún demasiado alta y que debe ser contrastada con el conjunto de los demás impuestos que paga la minería. Esto nos sigue dejando fuera de competencia frente a otros países mineros.
¿Y qué advierten desde AII y la Macrozona Norte?
Se puede rediseñar el proyecto para hacerlo más sencillo. Pero se ha insistido en mantener las altísimas tasas efectivas, por lo tanto, no nos sentimos escuchados. Es más, hemos constatado que el nuevo proyecto del Gobierno es apenas 1 punto porcentual menor respecto de las indicaciones que ya conocimos en julio, y además superando en casi 12 puntos la tasa actual.
Necesitamos sentido común y mantener la competitividad de nuestra minería y que el legislador comprenda que el valor local es lo más importante.
Necesitamos ser competitivos, pero no lo lograremos si con el proyecto que se ha presentado, seguimos superando en tasas efectivas unos 10 puntos porcentuales a Australia, Canadá y Perú, porque ellos serán más competitivos que Chile. Apelamos a que se corrija este error y se pueda acordar una fórmula más razonable que nos permita seguir teniendo un sector minero que aporte al crecimiento del país y las regiones.
Desde la mirada gremial, ¿sería mejor una posición de no hacer cambios en el régimen minero?
No estamos diciendo eso. El país ha cambiado, hay necesidades y todos tenemos que aportar. Los expertos en tributación minera y la propia industria han analizado que hay espacio para que la minería contribuya más. Pero para eso debe moderarse sustancialmente el proyecto que ha presentado el Gobierno y, al mismo tiempo, presentarse incentivos confiables y de largo plazo para atraer y asegurar la inversión minera. La nueva propuesta del Ejecutivo tiene un efecto contraproducente dado que podría terminar desincentivando decisiones de inversión más sustentables con el medio ambiente y su entorno.
¿Qué podríamos esperar para 2023?
Nuestra región y nuestro país enfrentan varias definiciones trascendentales que pueden marcar el futuro de la minería en el país. Lo que suceda con la nueva Constitución y el royalty minero podría inclinar la balanza de lo que viene para Chile en minería de manera relevante. Si el país resuelve bien y mantiene un marco favorable para la minería como ha sido en las últimas décadas, su posición relativa en la minería mundial podría quedar en buen pie.
