- Tras más de 40 años, la capital regional de Tarapacá podrá contar con un nuevo instrumento de ordenamiento territorial. Pese a las distintas visiones sobre el proceso, el municipio defiende la tramitación y señala, además, que la actualización del PRC contó con una amplia e informada participación de la sociedad civil.
- No obstante, desde distintos gremios profesionales y productivos de la región, surgen críticas tanto a la forma en que se gestó y tramitó el nuevo PRC, como sobre los principales criterios de ordenamiento territorial contenidos en la propuesta aprobada.
La renovación del Plan Regulador Comunal (PRC) de la comuna de Iquique ha sido un proceso muy esperado por la comunidad iquiqueña, extenso y lleno de polémicas. Es más, el vigente documento de ordenamiento territorial de la comuna data del año 1981, por lo que efectivamente, y tal como lo demandaban algunos sectores, se hacía necesaria una renovación.
Eso sí, la forma elegida por el Concejo Municipal de Iquique para ejecutar este “anhelado” proyecto, no estuvo exenta de complicaciones. Tras varios años de discusión, jornadas informativas y revisiones detalladas a la propuesta presentada por la empresa consultora Habitaria, el ente colegiado terminó finalmente aprobando por aplastante mayoría (10 votos contra 1) el Anteproyecto del PRC presentado a escrutinio. Esto, a pesar de que hasta la Oficina de Partes del Municipio llegaron, dentro del plazo legal estipulado, cerca de 900 observaciones fundamentadas, presentadas por diversas entidades y organizaciones de la comuna. Y aunque no todas esas inquietudes han sido respondidas o resueltas formalmente, el Anteproyecto fue igualmente aprobado con la votación ya señalada.
Detractores y defensores exponen sus argumentos y adelantan lo que vendrá para el -casi- aprobado nuevo PRC comunal.
Una mirada optimista
En el Colegio de Arquitectas y Arquitectos de Chile, cuya Delegación Zonal Tarapacá es presidida por Rocío Ojeda, tienen una visión más bien optimista respecto al impacto que tendrá el nuevo PRC en solucionar algunos problemas graves de la comuna, como la reducción del déficit habitacional que afecta a Tarapacá. La región, al igual que toda la Macrozona Norte, es una de las que presenta mayor déficit cuantitativo de viviendas, junto a Arica y Parinacota, Antofagasta y a la Región Metropolitana, según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Por ello, a partir del diagnóstico realizado por la Estrategia de Desarrollo Regional 2023 – 2033, el Colegio de Arquitectos señala que el desarrollo de espacios atractivos para vivir debiera ser uno de los ejes fundamentales que deben ser fortalecidos, ya que la fuerza laboral enmarcada en la actividad minera indica que Tarapacá es una región atractiva para trabajar, pero no necesariamente para vivir.
“Un problema para ello es el alto costo de la vivienda, que a su vez es efecto del supuesto retorno económico de la minería y de la alta especulación inmobiliaria del suelo, muy propia de la falta de planificación que regule este mismo. Por otro lado, la pobreza en la región, que llegó a ser la más alta del país, con un 22,8%, incrementada por la inmigración. Para fortalecer la economía regional de Tarapacá y abordar los desafíos mencionados, es esencial considerar el papel crucial de la planificación urbana, más allá de las miradas particulares del valor del suelo, que limita las oportunidades que pudiera dar al sector económico la regeneración y la diversificación”, señalan desde el Colegio Profesional.
También indican que la actualización del Plan Regulador Comunal de Iquique impulsa una transición necesaria, por ejemplo, a través de la expansión urbana de la ciudad hacia el sur, lo que permitiría dar lugar a esperadas soluciones habitacionales que también impactarán positivamente al área de la construcción. “La regulación trae certezas y diluye la especulación sobre el suelo, haciendo más atractivo el vivir en la ciudad y que los recursos se queden, mejorando la economía local”, agregan desde el Colegio de Arquitectos.
No obstante lo anterior, asumen que será un desafío importante al momento de concretarlo en la práctica, ya que se requiere de una Estrategia de Regeneración Urbana y Diversificación Económica con infraestructura, transporte, espacios de intercambio social, comercial y de servicios, que permita generar nuevas centralidades, para satisfacer las necesidades de la comunidad y que no implique largos traslados.
“Nuestra invitación reiterada es a crear ciudades para las personas, siendo inclusivas, sostenibles y accesibles, colocando el bienestar de los tarapaqueños en el centro de la planificación y el desarrollo, ofreciendo mayor calidad de vida, fomentando la cohesión social de sus habitantes”, concluyen en el Colegio de Arquitectos.
¿Qué viene ahora? Desde la Municipalidad de Iquique han informado que, una vez aprobado por el Concejo Municipal, los antecedentes del Plan Regulador Comunal serán presentados a la Seremi de Medio Ambiente, para finalizar el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica.
“Si este organismo emite una evaluación favorable, debemos remitir toda la documentación técnica y administrativa, incluyendo el cierre de la Evaluación Ambiental Estratégica, a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá. Luego, esta entidad se pronunciará sobre cada uno de los productos que conforman el expediente del instrumento de planificación. Si su respuesta es positiva, se aprueba mediante Decreto alcaldicio para su posterior publicación en Diario Oficial y así, finalmente, haga su entrada en vigencia este Plan Regulador Comunal”, explica a Empres@ctiva el alcalde de Iquique, Mauricio Soria.
También recuerdan que este proceso se facilita en adelante, ya que desde el 05 de julio de 2022 existe un Plan Regulador Intercomunal (PRI) vigente, lo que significa que no es necesario enviar el PRC a Contraloría para su toma de razón. Así las cosas, el Municipio aclara que actualmente está a la espera de la respuesta por parte de la Seremi del Medio Ambiente, ya sea mediante observaciones o definitivamente informando del término del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica.
Respecto a las críticas que se han originado sobre el proceso de tramitación del PRC, el alcalde Soria, junto con agradecer la participación de la comunidad, reconoce que “hubo preocupaciones, pero valoramos enormemente que los vecinos hayan expresado sus opiniones y propuestas. Gracias a este diálogo, donde efectivamente hubo críticas y situaciones bastante complejas, pudimos realizar ajustes al plan que mejoran significativamente su calidad y responden a las necesidades de la comunidad”, aclara el edil.
“Por ejemplo, en el caso de las zonas de Área Verde que se estaban zonificando en algunos sectores, escuchamos atentamente las preocupaciones de los vecinos y vecinas y trabajamos en conjunto con el Concejo Municipal para encontrar una solución que garantizara su bienestar y el desarrollo armónico de la ciudad. Estamos convencidos de que este plan, producto de este proceso participativo, será un instrumento clave para abordar desafíos, como la crisis habitacional que existe a nivel comunal, y que además promueve el desarrollo urbano ordenado y sostenible”, insiste el alcalde.
Finalmente, Soria destaca que durante el proceso de tramitación del PRC participaron cerca de 42 instituciones durante todas las etapas de actualización, entre las que cuentan entidades públicas, empresas del Estado, empresas privadas, universidades y agrupaciones sociales de interés comunal, entre otros actores clave para el desarrollo de la comuna.
“Se realizaron críticas sobre la falta de participación en el proceso del Plan Regulador Comunal. Sin embargo, es importante aclarar que este plan ha sido uno de los más participativos a nivel nacional. Desde sus inicios, nuestro objetivo fue que la comunidad conociera y se involucrara en un instrumento de planificación territorial que beneficia a todos y todas”, concluye el jefe comunal de Iquique.
La preocupación del sector privado
Sin embargo, a pesar del panorama optimista que describen tanto el alcalde de Iquique como la directiva del Colegio de Arquitectos de Tarapacá, el proceso de tramitación, las etapas de participación y la aprobación final de la propuesta aprobada por el Concejo, despertaron severas críticas desde diversos sectores de la ciudad.
Es más, desde fines de 2023, en que se empezaron a efectuar las jornadas de participación ciudadana estipuladas en la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), hasta la aprobación del documento en mayo recién pasado, han manifestado su total rechazo al nuevo PRC entidades como la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Iquique, la Asociación de Usuarios de ZOFRI (AUZ), la Asociación Gastronómica de Tarapacá (AGATA), la Cámara Chilena de la Construcción de Tarapacá (CChC), la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande (ASIPNOR) y la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII), además de destacados y reconocidos profesionales del área de la arquitectura y el urbanismo -muchos de ellos ex autoridades regionales y comunales en la materia-, junto a grupos de vecinos y comités de vivienda social que, alertados por estas entidades privadas y gremiales, ven el nuevo PRC como una amenaza para, por ejemplo, reducir paulatinamente el déficit habitacional que arrastra la región de Tarapacá durante décadas.
Así lo expresa, por ejemplo, el arquitecto Rafael Iturra, uno de los tantos profesionales de la ciudad de destacada trayectoria, que se ha opuesto desde un comienzo al nuevo PRC comunal propuesto por el Municipio y que lideraron la batalla argumental para el proceso liderado desde el municipio. Según el profesional, “el nuevo PRC impone un ordenamiento territorial que va en contra del desarrollo y la economía de la ciudad, afectando al sector inmobiliario, a la vivienda con subsidio, a la industria pesquera, a la minería y al desarrollo turístico. Un instrumento que parte de un estudio de riesgo incompleto y que no considera las medidas de mitigación. En suma, un total contrasentido que, por ejemplo, atenta contra una entidad pública como ZOFRI, cuyo objetivo es atraer inversiones privadas como el comercio, la industria y la logística, metas que con el nuevo PRC se verán totalmente cuestionadas”, advierte.
Asimismo, explica que el nuevo PRC podría tener efectos negativos gravísimos, ya que la restricción de la densidad, en la práctica, no permitiría seguir construyendo edificaciones en el actual Iquique, al menos en los términos desarrollados durante las últimas décadas. “El instrumento aprobado no dispone ningún incentivo para la inversión y el desarrollo inmobiliario y tampoco permite construir o desarrollar infraestructura para el tema logístico en la costa, que es nuestra vocación, pues todo el borde fue declarado zona de protección costera. Por lo mismo, se trunca cualquier expectativa de desarrollo de las industrias y pone serias restricciones a la política nacional del litio y a la minería, en general”, agrega Iturra.
Respecto de las herramientas disponibles para los sectores que se oponen al PRC, el arquitecto es bastante claro. “Se deben realizar todas las acciones tendientes a modificar el PRC aprobado, a través de cartas a los ministerios de Medio Ambiente y de Vivienda, de presentaciones ante la Contraloría General de la República y al gobierno, por parte de todos los gremios y las fuerzas vivas de la ciudad en conjunto, con el objetivo de escalar este tema hasta donde sea posible y hacer ver a todos los sectores que, finalmente, nadie en Iquique quiere esta modificación, pues resultará fatal para la ciudad y su gente”, concluye Iturra.
Una visión similar es la que entregan desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), sede regional de Tarapacá, donde indican que la aprobación del Anteproyecto de PRC ha generado un profundo impacto entre las industrias locales. Lamentan que, pese a los diversos recursos humanos y económicos que distintos gremios dispusieron para analizar la propuesta y sus consecuencias positivas y negativas, incluso formulando contra propuestas, “estos esfuerzos no lograran persuadir a las autoridades sobre los riesgos que podría implicar la aprobación de la propuesta en los términos planteados”.
Mariana Toledo, presidenta regional de la Cámara Chilena de la Construcción Tarapacá, explica que uno de los principales efectos en la aprobación del Anteproyecto de PRC, implica extender el área urbana de Iquique, que actualmente abarca 3.257 hectáreas, para incorporar nuevos terrenos, llegando así a las 15.018 hectáreas.
“En una ciudad y región con déficit habitacional, esta cifra genera expectativas positivas. No obstante, las nuevas restricciones introducidas por el PRC, por otra parte, han sembrado incertidumbre. Se plantea, por ejemplo, la reducción de la densidad de construcción a un máximo de 160 habitantes por hectárea, equivalente a 40 viviendas por cada 10 mil metros cuadrados, muy por debajo de lo permitido por el actual Plan Regulador Intercomunal”, advierte Toledo.
Si bien desde el gremio de la construcción reconocen la necesidad de controlar el crecimiento desordenado de la ciudad, esperaban que un nuevo PRC planteara una solución equilibrada, basada en una visión compartida y que asegurara el desarrollo sostenible para todos los habitantes de Iquique.
Añade su presidenta regional que se imponen limitaciones a la altura de los edificios, permitiendo entre 2 y 6 pisos para casi el 80% de la ciudad, a lo que se suma una expansión en las zonas bajo protección patrimonial.
“Estas medidas no solo podrían obstaculizar el desarrollo de inversiones en turismo, comercio, instituciones y bienes raíces en el borde costero y en gran parte del centro urbano, sino que también podrían devaluar las propiedades de los actuales propietarios. Asimismo, se plantea la preocupación por mantener edificaciones por debajo de la línea de inundación por tsunami en vastas áreas de Iquique, así como por la inclusión de zonas actuales de desarrollo comercial y residencial en las nuevas áreas verdes declaradas por el plan”, advierte Toledo.
Un portazo a la historia productiva de Iquique
Similar es el balance que realiza en la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII), entidad que desde un comienzo alertó públicamente sobre los efectos nocivos de la propuesta presentada a aprobación. Y no solamente respecto de la forma en que se condujo, se estimuló e informó la participación ciudadana, sino también porque en el fondo, “el nuevo PRC plantea un diseño de ciudad a partir de una hoja en blanco, sin considerar el desarrollo que ha tenido la comuna por más de un siglo, con barrios industriales y sectores productivos consolidados, partiendo todo desde cero y generando una incertidumbre totalmente innecesaria en sectores productivos tradicionales de la ciudad”, señala la AII.
Es que a ojos de la AII y de su gerente general, Marcos Gómez, este tipo de regulaciones y de debates ponen en estado de alerta al sector privado, que necesita específicamente lo contrario: mayor certeza y políticas públicas estables que impulsen las decisiones de nuevas inversiones que se vienen postergando por tanto tiempo.
“La señal que se envía a la ciudadanía y a los sectores productivos históricos de la ciudad y de la región, es muy mala, muy preocupante. Por un lado, tenemos a un gobierno que en boca de sus principales autoridades llama a recomponer la confianza de los privados, a invertir y a generar crecimiento y empleos que se traduzcan en una mejor calidad de vida para las personas. Pero, por otro lado, tenemos a las empresas enfrentando una serie de trabas y obstáculos en la vida real, en el día a día: demoras en los permisos y aprobaciones de proyectos de inversión; normativas que desincentivan la contratación de mano de obra; debates y amenazas permanentes respecto de nuevas regulaciones y cambios normativos y/o tributarios. Es muy difícil que en este escenario se dé una verdadera y efectiva recuperación de la inversión, del crecimiento y del empleo”, señala el gerente general de la AII.
Y específicamente respecto del nuevo PRC de Iquique y de los instrumentos de planificación territorial de la región de Tarapacá, el análisis de la industria regional es todavía más inquietante. “No puede ser que, de la noche a la mañana, el PRC eche por la borda más de cien años de consolidación de espacios urbanos destinados al desarrollo de actividades productivas. Junto con eso, vemos también que el nuevo Plan Regulador Intercomunal (PRI), aprobado en 2022, también pone en riesgo otras actividades e inversiones importantes para la región como ocurre hoy con los permisos ambientales para la industria de la sal en la región”, advierte el gerente del gremio industrial.
Finalmente, y con la intención permanente de solucionar las diferencias a partir del diálogo informado y del intercambio de ideas con las autoridades administrativas, la AII reitera su plena disposición al diálogo con todas las instancias políticas que se necesario, para fomentar un diálogo informado y hacer ver el riesgo inminente de aprobar el PRC en los términos planteados hasta hoy.
“Más allá de las diferencias, lo importante es aprobar un PRC que, efectivamente, sea un instrumento de planificación moderno, que proyecte a la ciudad hacia las próximas décadas y que facilite el desarrollo de actividades de diversa índole, otorgándole a cada sector de representación el espacio que se merece de acuerdo a su aporte a la comunidad”, señala Marcos Gómez.
Y agrega: “La región de Tarapacá se juega cosas importantes en los próximos cinco años. Por ejemplo, una cartera de inversiones, eminentemente privadas, por casi US$ 8 mil millones. Muchos de esos proyectos de infraestructura productiva y de servicios y nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, serán imposibles de concretar si se aplican los criterios de distribución territorial y el reordenamiento que plantea el nuevo PRC. Entonces, ¿alguien sacó la cuenta de las inversiones, los nuevos empleos y la riqueza que dejaremos de generar en los próximos años, si es que las cosas siguen por el rumbo actual? Da la impresión que no”.
